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Kilmar Abrego García, el inmigrante salvadoreño cuya deportación errónea de Estados Unidos a su país de origen le convirtió en símbolo de la dura política de expulsiones de Donald Trump, ha sido detenido de nuevo este lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés). El arresto se ha producido cuando acudía a una cita para abordar su caso en los tribunales de inmigración en Baltimore, en el Estado de Maryland. Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, ha denunciado que Abrego, de 30 años, podría ser expulsado de nuevo, esta vez a Costa Rica o a Uganda.
Abrego ha presentado una solicitud para que no sea enviado a ningún país antes de la celebración de un juicio en el que pueda defenderse y, también, antes de determinar si la nación de acogida está dispuesta a aceptarlo.
El Gobierno, no obstante, no parece muy dispuesto a conceder tales condiciones. En una breve rueda de prensa en el Despacho Oval, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha calificado al salvadoreño de “animal” y de maltratador. Su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha asegurado que Abrego ha sido puesto “bajo control”. “Tiene que estar en prisión, no en las calles como quieren los de izquierdas”.
Desde su cuenta oficial en la red social X, la Casa Blanca ha colgado un póster con el rostro del salvadoreño, en estilo similar al célebre cartel Hope (Esperanza) que retrata al expresidente Barack Obama. En el meme utilizado por la oficina presidencial se muestran las letras MS-13, en alusión a la mara Salvatrucha, la pandilla a la que el Ejecutivo estadounidense acusa al migrante de pertenecer. La cuenta también recoge una declaración de Noem: Trump “no va a permitir que este extranjero ilegal, un miembro de la MS-13, traficante humano, abusador doméstico y depredador infantil aterrorice a ciudadanos estadounidenses”.
Kilmar Abrego contaba con una orden judicial que prohibía que fuera deportado a El Salvador, donde podría verse expuesto a represalias, pero a donde la Administración Trump le expulsó en marzo. El inmigrante formó parte de un grupo de unas 300 personas, en su mayoría venezolanos, acusados de pertenecer al Tren de Aragua y a otras pandillas violentas. Todos ellos fueron expulsados en virtud de la ley de Enemigos Extranjeros, que data del siglo XVIII y que fue concebida para tiempos de guerra. En muchos casos, sin pruebas o con pruebas poco justificadas.
Un abogado del Departamento de Justicia reconoció entonces que en la orden de expulsión de Abrego se había cometido un error, y una jueza ordenó al Gobierno que le llevara de vuelta a EE UU.
La Administración Trump tardó meses en acatar aquella decisión judicial, alegando que no podía reclamar al Gobierno salvadoreño el regreso de uno de sus ciudadanos y que Abrego era un delincuente peligroso: el Departamento de Justicia le acusó primero de pertenecer a una pandilla delictiva, después de ser un maltratador y, finalmente, de introducir a inmigrantes irregulares en suelo estadounidense.
Desde su regreso en junio, tras casi tres meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la enorme y temida prisión salvadoreña para los miembros de pandillas delictivas, Abrego había permanecido bajo custodia en una prisión de Tennessee por un presunto delito de tráfico de personas. Un cargo que él niega. Abrego fue puesto en libertad el viernes, en cumplimiento de una orden judicial. Ahora, el ICE ha vuelto a detenerle a su llegada a los tribunales para atender a la citación judicial.
Uganda o Costa Rica: el palo y la zanahoria
El abogado de Abrego ha señalado que su cliente ha sido amenazado con la deportación a Uganda, un país que ha acordado aceptar inmigrantes irregulares de terceros países expulsados desde EE UU, si no acepta declararse culpable del cargo de tráfico de personas. Si lo hace, será deportado a Costa Rica, que ha dado el visto bueno a acogerle como refugiado.
“Están utilizando Costa Rica como la zanahoria y a Uganda como el palo”, ha declarado Sandoval-Moshenberg en una rueda de prensa celebrada en el exterior de las instalaciones del ICE, donde su cliente ha quedado retenido. “Están politizando el sistema de inmigración de un modo completamente inconstitucional”.
Según el letrado, Abrego está dispuesto a aceptar ser deportado a Costa Rica, donde tendría estatus de refugiado y no correría riesgo de ser entregado a El Salvador. Pero no quiere verse obligado a declararse culpable.
“Pueden enviarle a cualquier país, pero el país tiene que garantizarle un estatus donde se pueda quedar”, ha añadido el letrado. “Si no, si le mandan pongamos a Madrid y Madrid no le ofrece estatus, ese viaje no es más que una escala muy complicada para acabar siendo devuelto a El Salvador, que es a donde no puede volver”, ha zanjado.
